Prestamos entre Particulares y la Ley 1/2013

ley hipotecariaPrestamos entre Particulares y el impacto de la ley hipotecaria 1/2013 de 14 de Mayo

Estudio del impacto de la entrada en vigor de la “Ley 1/2013 de 14 de Mayo de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social” en los prestamos entre particulares con garantía hipotecaria.

CAPITULO I

SUSPENSIÓN DE LOS LANZAMIENTOS

Del preámbulo de la ley se deprende que la misma fue redactada en atención a las circunstancias excepcionales que atraviesa nuestro país, motivadas por la crisis económica y financiera, en las que numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual se encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones.

Como primera medida adoptada por la citada Ley, se encuentra la suspensión de lanzamientos por un plazo de 2 años desde su entrada en vigor de las viviendas habituales de los “colectivos especialmente vulnerables”, que debemos diferenciar de los que se encuentran en el umbral la “exclusión social”, teniendo una y otro características distintas que se tratarán en el presente documento, siendo COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES los siguientes:

a) Familias numerosas

b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

d) Unidad familiar en la que uno de los miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral,

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vinculo parentesco hasta el tercer grado de consanguineidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

Para que le sea de aplicación la ley 1/2013, ademas de ser considerado “especialmente vulnerable”, deberán concurrir en el prestatario las siguientes circunstancias:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el limite de tres veces el Indicador Publico de Renta a Efectos Múltiples. Dicho limite será de cuatro veces el Indicador Publico de Renta a Efectos Múltiples en los supuestos previstos de letras d) y f) del apartado anterior, y de cinco veces dicho indicador en el caso de que el ejecutado sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o su cuidador, para realizar una actividad laboral.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

La concurrencia de los anteriores requisitos se podrá acreditar en cualquier estado del procedimiento de ejecución hipotecaria, lo que hace presumir que no se tendrá en consideración el estado del prestatario en el momento de la constitución del préstamo sino en el momento de su ejecución, lo que provocará cierta inseguridad en el prestamista.

La norma se puede aplicar a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de la misma, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento.

Hasta trascurridos dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor o a persona que actué por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad.

En este capitulo ha quedado clara las repercusiones de la ley actual, en el siguiente capitulo explicaremos las medidas para mejorar el mercado hipotecario que se han tomado.

Espero que sean de su agrado e interés.

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